Emprender está de moda. Según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2014 el número de empresas activas en nuestro país era de 3.120.000. Al finalizar ese mismo año, este número ascendía a casi 3.187.000, lo que implica un balance positivo de 67.000 empresas más. Cada uno de los emprendedores que decidieron iniciar una nueva actividad tuvieron que analizar una gran cantidad de factores, entre ellos, la forma jurídica con la que iban a poner en marcha su idea de negocio.

Actualmente, existen en España hasta 15 modalidades diferentes para ejercer una actividad empresarial. En función del capital inicial, el objetivo de la sociedad, la responsabilidad de los empresarios o la actividad a realizar, será más recomendable elegir unas u otras. Por ello, vamos a repasar a continuación algunas de las modalidades más utilizadas, destacando sus principales características y ventajas, con el objetivo de que el nuevo emprendedor seleccione la forma jurídica más conveniente.

Empresario individual. Este término hace referencia a otro mucho más popular y conocido: el autónomo. El autónomo no está registrado en los anteriores datos del INE como empresa, pero es una de las fórmulas más comunes para iniciar la prestación de servicios o venta de productos. De hecho, existen en la actualidad más de 3.150.000 autónomos en nuestro país. La principal característica es que el autónomo responde con sus propios bienes frente a posibles deudas que pueda adquirir derivadas de su actividad. No requiere de un capital mínimo.

Del mismo modo, los trámites para comenzar a operar son más rápidos y requieren menos gestiones que otras fórmulas empresariales.

Dentro de ella existe otra figura denominada emprendedor de responsabilidad limitada. Similar a la anterior, aunque con excepciones en ciertas circunstancias en lo que a responsabilidad se refiere.

Comunidad de bienes. Esta forma jurídica tiene sentido cuando la propiedad de un bien es compartida entre varias personas y esta propiedad es clave para el desempeño de la actividad. Suele ser común entre trabajadores autónomos que deciden asociarse para operar. Se requiere un mínimo de dos socios y no necesita un capital base para empezar a operar. En cuanto a la responsabilidad, ocurre lo mismo que en el caso de un autónomo. Responderá con todos sus bienes. Si lo que se pone en común es capital, con la intención de repartir las ganancias de una determinada inversión, la forma más adecuada para constituirse sería la sociedad civil.

Sociedad limitada (SL). Una de las formas jurídicas más comunes a la hora de constituir una empresa. Serán necesarios, como mínimo, 3.000 euros de capital, que deben aportar los socios a partes iguales, existiendo la posibilidad de que exista solo un socio. La principal ventaja es que los participantes en la sociedad responden únicamente con el capital aportado. Su fiscalidad viene marcada por el impuesto de sociedades.

Dentro de la sociedad limitada existen dos variantes: la de formación sucesiva y la sociedad limitada nueva empresa. En la primera de ellas no es necesario aportar los 3.000 euros de capital mínimo y se mantiene la responsabilidad limitada al capital aportado, sea cual sea. Es exactamente igual que la SL, aunque tiene algunas excepciones, como por ejemplo ciertos límites a la retribución de socios o la responsabilidad solidaria de los socios, en caso de liquidación.

La SL nueva empresa establece límites máximos en cuanto a socios y en cuanto a capital aportado. No podrá tener más de cinco socios, que no podrán aportar más de 120.000 euros en su conjunto. La utilidad de esta modalidad es que permite cambiar de actividad a desarrollar sin necesidad de modificar los estatutos de la organización.

La otra gran conocida a la hora de establecer una empresa es la sociedad anónima (SA). Para poder poner en marcha una SA es necesario aportar un mínimo de 60.000 euros, que marcan la responsabilidad de los socios en el caso de deudas u otras circunstancias. Requiere de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. Entre las obligaciones, es necesario llevar un libro de inventarios y cuentas, un diario y un libro de actas que recogerá los acuerdos que se decidan en las juntas generales y especiales. También es necesario registrar las transferencias de las acciones y otros derechos que se apliquen sobre ellas.

Existe una variación de la anterior, denominada sociedad anónima laboral, con un mínimo de tres socios y 60.000 euros de capital. En este caso, la mayoría del capital social pertenece a trabajadores que prestan para la empresa servicios retribuidos, con tres condiciones: que la prestación sea personal, directa y que tenga carácter contractual indefinido.

Otra modalidad bien diferente es la sociedad cooperativa. El capital mínimo quedará fijado por los propios estatutos de la cooperativa, que se regirá por el impuesto de sociedades a nivel fiscal. La responsabilidad será limitada a ese capital aportado. La esencia de este formato es la unión de personas que podrán darse de baja o alta libremente. Estas personas se unen para realizar una actividad empresarial, mientras que organizativamente se rigen por una estructura y funcionamiento completamente democrático.

Sociedad colectiva. Este tipo de sociedad es menos utilizada que las anteriores. Por un lado, no requiere de un capital mínimo para su puesta en martipos de sociedades cuyo principal objetivo es la financiación de otras empresas. Nos referimos a las entidades de capital riesgo y a las sociedades de garantía recíproca (SGR).

Las acciones habituales de una entidad de capital riesgo son: la inversión y financiación en otra empresa, la aportación de valor y asesoramiento profesional sobre la misma, y la desinversión final. El objetivo es generar plusvalías a los inversores iniciales. Básicamente, se inyecta valor a una corporación para, una vez haya crecido lo suficiente, retirar la inversión y recoger los beneficios generados por el crecimiento obtenido durante el tiempo que se ha trabajado en ella. Las desinversiones se producen de forma simultánea por parte de todos los socios de la entidad, cuyo consejo de administración debe tener, al menos, tres miembros.

Por su parte, las SGR tienen la finalidad de facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de prestar avales ante bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o instituciones públicas encargadas de facilitar financiación.

El capital mínimo para poner en marcha una de estas sociedades es de 10 millones de euros, siendo necesaria la aportación de los mismos por parte de 150 socios, como mínimo.

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