Las sociedades de garantía (SGR) juegan el papel de intermediarias entre las pymes y las entidades de crédito, y se han convertido, en las últimas décadas, en un instrumento de promoción empresarial de primera mano ya que facilitan el crédito a la pyme y autónomo a la vez que orientan, promocionan e incentivan la inversión. De hecho, entre sus retos figura mejorar la capacidad de negociación de las pymes, autónomos y emprendedores con las entidades financieras; reducir el coste de financiación de las compañías; alargar los plazos de la financiación; complementar su escasez de solvencia patrimonial frente al mercado de la financiación; minimizar el riesgo de los financiadores y maximizar la eficiencia de las ayudas públicas. Además, prestan información y asesoramiento financiero a socios, lo que supone además para los empresarios la integración en una red.

Para conseguir el aval de una SGR, las empresas o autónomos deben adquirir la condición de socio partícipe y al hacerlo, consiguen sacar adelante sus proyectos. Entre los requisitos mínimos para acceder a un aval figura: contar con un proyecto viable, presentar un plan de negocio razonable y bien estructurado, convertirse en socio partícipe y afrontar unos costes, en muchas situaciones bonificados, que son asumibles, dado que, de otra manera, no se podría acceder a un préstamo.

Todo esto es posible gracias a las sociedades de garantía, que surgen en plena transición, en 1978, cuando en España se plantea la necesidad de crear un instrumento que pudiera solucionar, en alguna medida, una deficiencia endémica de la pequeña y mediana empresa que aún sigue vigente: el acceso a la financiación. Para responder a esta demanda, nacía el sistema español de sociedades de garantía, impulsado por el éxito que había tenido sistemas de la misma índole en otros países europeos.

Con la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las sociedades de garantía, se perfilan las características y la naturaleza de las SGR, se las califica como entidades financieras, lo que significa, no sólo el reconocimiento de su integración dentro del sistema financiero, sino también su sometimiento al control y autorización del Banco de España.

Son entidades sin ánimo de lucro, con un cometido clave e irrenunciable: caminar al lado de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.