Fuente: https://mynmedia.mynews.es

Se crearon como un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías y cada vez son más. Las “plataformas de financiación participativa” o también llamadas de crowdfunding, alcanzan la veintena en el registro habilitado por la CNMV, que pronto añadirá otras cuatro. Estas empresas ponen en contacto a demandantes de fondos —mediante la emisión de valores y participaciones sociales o préstamos—, con inversores que buscan un rendimiento. Instalar una electrolinera, financiar una caldera de biomasa, ayudar a la expansión de una cadena de cafeterías o llevar Internet a una zona rural de Cantabria son algunos de los proyectos que se pueden encontrar en estas plataformas. Algunas no los detallan y ofrecen una escueta información. Otras son sectoriales, como Housers, dedicadas al negocio inmobilario; y otras tienen una vocación social.

Los intereses que ofrecen varían, pero suelen estar por encima de los del mercado bancario para cualquier depósito. Son productos que solo tienen sentido gracias a la participación masiva, puesto que los particulares solo pueden realizar aportaciones desde los 50 euros con un tope de 3.000 por proyecto, siempre que no superen los 10.000 al año. El carácter arriesgado de la inversión —pueden hacer perder todo lo aportado— no es una barrera para que también estén participando los inversores acreditados (profesionales). En alguna de las plataformas incluso llegan a tener una presencia del 50% en su cartera de créditos.

Políticas diversas

Cada empresa pone sus normas. “En nuestro caso financiamos préstamos a pymes que no sean de determinados sectores, como el inmobiliario, o el del juego”, explica José María Ferrer, director de Colectual. En su caso las operaciones se remuneran entre el 3% y el 7%. “Se financian solo a pymes con más de dos años de antigüedad. Hemos publicado 17 operaciones y analizado 300. No hemos tenido ningún impago”. Tampoco en Housers: “La morosidad en nuestro negocio es cero, todos los inquilinos de los inmuebles que gestionan los promotores de Housers están al día. En algún mes concreto y en alguna oportunidad concreta puede existir un pequeño retraso puntual, pero nada más”, dice un portavoz.

Lo que no pueden hacer estas empresas es ofrecer asesoramiento financiero, ni captar fondos para pagar, en su propio nombre, a terceros. “Debe quedar claro que la inversión en estos proyectos es intrínsecamente arriesgada tanto porque el promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, como por el hecho de que la plataforma, en su papel de intermediador, no garantiza en ningún momento la solvencia o viabilidad del promotor”, advierte la ley que los regula.

La mayoría de los préstamos carecen de garantías excepto algunos. Mytriplea tiene el respaldo de sociedades de garantía recíproca (SGR) “por el 100% del capital”, anuncian. El año pasado contaban con 229 préstamos y una morosidad del 1,13%. Ofrecen dos tipos de productos: garantizados, con una remuneración del 2,2% más euribor, y de mayor riesgo sin garantías. “Tenemos 330 préstamos y una morosidad del 1,113 sobre los que no están garantizados por SGR”, dice Jorge Antón, su director. Hasta la fecha acumulan operaciones por 14,5 millones.

Antón cree que la ley ha dejado de lado aspectos importantes para proteger al inversor. “Por ejemplo, no contempla que se puedan adquirir facturas o pagarés y tampoco permite dar liquidez”. Es decir, poner a la venta los préstamos cuando un inversor quiere recuperar de golpe lo aportado. Esa es precisamente una de las críticas que reciben estas plataformas: la iliquidez. Ferrer comparte este punto de vista. “La regulación restringe mucho la actividad. Una interpretación de la ley que realiza la CNMV nos impide hacer operaciones de financiación de facturas, que es lo que demandan las pymes. Podríamos garantizar más las inversiones si tuviésemos el aval de un buen título cambiario, como un pagaré”.

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