‘Habemus’ nueva Ley de Auditoría de Cuentas, aunque a costa del consenso puesto que las principales organizaciones del sector plantearon una serie de cambios que, en general, fueron desestimados. Lo mismo pasó con las decenas de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en el Parlamento.

El PP recurrió a su mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado -que la aprobó ayer- para no aceptar más cambios que los suyos, y así acelerar la aprobación de la ley. Su principal argumento es la relativa urgencia en transponer la directiva y el reglamento europeos de auditoría, cuyo tope era junio de 2016.

La nueva regulación establece la rotación forzosa de auditoras a partir de los 10 años de trabajo con una empresa, lo que obligará a que el próximo ejercicio la mitad de las grandes compañías cotizadas -en concreto, 17 de las 35 que fluctúan en el índice selectivo Ibex- tengan que cambiar la firma que revisa anualmente su contabilidad. Sólo se prevén prórrogas extraordinarias para los contratos de mayor antigüedad.

La principal pretensión comunitaria es abrir un sector «excesivamente concentrado», donde más de la mitad del mercado lo copan cuatro grandes multinacionales, las «Big Four»: Deloitte, PwC, KPMG y EY. Pero en España el Ejecutivo ha intentado ir un paso más allá, extendiendo a más sociedades la obligación de auditar sus cuentas e introduciendo 11 nuevas incompatibilidades en los servicios que les prestan. Así quiere reducir al mínimo el riesgo de que se reproduzcan casos de irregularidades contables como pasó en Pescanova, Bankia o Gowex.

En las Entidades de Interés Público -cotizadas, bancos, aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca- la duración mínima de un contrato será de un año y la máxima de 10, con prórroga de otros cuatro si se saca a concurso para compartir esa labor (coauditoría) con otra firma, que normalmente será más pequeña.