Tres de cada diez pequeñas y medianas empresas que han necesitado crédito no han accedido a él. En números redondos, 200.000 pymes españolas no han encontrado financiación cuando la necesitaban. Esta cifra demoledora es una de las conclusiones que refleja el primer informe de la Confederación Nacional de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR) en el que se apunta a la prioridad de facilitar fondos como elemento clave para la generación de empleo.

El presidente de la patronal de las sociedades de garantía, José Rolando Álvarez, lo explica así: «el crédito es la antesala de la inversión, y la inversión la antesala de la generación de empleo. Es evidente que llevar financiación a las pymes es una cuestión de justicia social».

¿Pero, por qué no acceden al crédito las empresas y los autónomos? Las causas son múltiples. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), apunta a que las entidades bancarias cerraron el grifo durante la crisis y aún no se ha vuelto a los niveles crediticios de antes de la recesión. Expertos consideran, además, que las pymes no disponen de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de crecimiento. De hecho, las empresas españolas cada vez recurren menos a las entidades financieras.

La Confederación Española de la Mediana y Pequeña Empresa (Cepyme) ha apuntado a la necesidad de facilitar más instrumentos financieros. En un artículo publicado esta semana en Cinco Días manifiesta que es preciso ampliar el conocimiento y mejorar la cultura empresarial en el mundo financiero para que a medio plazo puedan conseguirse más fuentes de financiación. A su juicio, con «una mayor oferta también se incrementaría la competitividad de las empresas».

La financiación alternativa puede ser la llave para muchas empresas apremiadas por la morosidad estancada en nuestro país y ante la necesidad de circulante para liquidez e inversiones. Las sociedades de garantía son la respuesta para muchas pymes y autónomos porque facilitan avales para solicitar en mejores condiciones tanto de tipos de interés como de plazos de amortización ante las entidades financieras y administraciones públicas. Además, no sólo benefician a las empresas, también lo hacen a las entidades que conceden los préstamos porque invierten sus recursos sin riesgo al contar con el aval de las sociedades que aportan el pago en caso de incumplimiento.