El Banco de España trasladó al IVF que la sociedad era pública al proceder de las arcas del Consell más de la mitad de sus ingresos

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) trasladará la próxima semana al consejo de administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana su decisión de reducir su capital en la entidad al 40%, desde el actual 56%. Con esta actuación el Consell quiere evitar que se sumen a la deuda de la Generalitat los 400 millones de euros que arrastra la sociedad avalista de pequeñas y medianas empresas que se rescató con dinero público valenciano en 2012.

Fuentes conocedoras de la operación advierten que este movimiento no significará una retirada de fondos, ya que la participación del IVF servirá para dotar el fondo de provisiones técnicas, algo parecido a un fondo de reserva que está disponible para que la entidad disponga de él en situaciones de necesidad. Esta modificación del capital se va a traducir también en una reestructuración del propio consejo, que pasa de nueve a cinco miembros.

La medida afecta principalmente a la Generalitat, que queda únicamente con un asiento de los tres que dispone hoy, y que ocupará el director general del IVF, Manuel Illueca. Además, otros dos empresarios dejarán sus puestos, aunque ninguno será el actual presidente de la SGR.

En la nueva cúpula, que deberá aprobar el consejo de administración actual, quedará un empresario en representación de cada provincia; un consejero independiente, que seguirá siendo el presidente de Stadler Valencia (antes Vossloh España), Íñigo Parra; el consejero delegado de la SGR, Santiago de Santos, y el director general del IVF.

La idea de la propuesta es conseguir formar un consejo de administración más ejecutivo, aunque este órgano se ha ido puliendo desde los 18 consejeros procedentes de las cámaras de comercio y las patronales que tenía en 2012 a los nueve de los que dispone hasta ahora, con un perfil financiero más marcado.

La situación se ha precipitado desde que el pasado mes de diciembre la Intervención General del Estado decidiera que la SGR debía pasar a formar parte estadísticamente de la Generalitat. Las razones que le llevaron a tomar esta decisión fue que el Consell contaba con un 56% del accionariado y que el aval de 200 millones que le facilitó a la entidad para su reestructuración en 2012, más los 140 millones de reaval que se concedió posteriormente, significaban que más de un 50% de la financiación de la SGR era pública.

Teniendo en cuenta el control que la Administración del Estado mantiene sobre las cuentas de la Generalitat por su delicada situación, una incorporación de la SGR a la administración autonómica tendría efectos que sus responsables consideran indeseables. Entre otros, los 400 millones incrementarían el déficit valenciano en el equivalente a un 0,2% del PIB; los créditos fallidos de la entidad se registrarían como un impago contra la Generalitat y, para que la SGR concediera avales, el Consell tendría que solicitar autorización al Consejo de ministros.

El Banco de España ya estaba trasladando a las entidades de crédito que debían considerar la SGR como parte de la Generalitat (incrementando el riesgo de la administración valenciana) cuando un equipo negociador del Consell, con representantes del IVF, se trasladó a Madrid para intentar un cambio de opinión en el comité técnico responsable, formado por miembros del Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y la Intervención General del Estado. La cuestión era evitar que se repitiera lo que ocurrió en 2013 con Feria Valencia, que pasó a ser cargada con armas, deudas y bagajes en las espaldas de la Generalitat.

En los últimos meses, el IVF está revisando «uno a uno» los avales concedidos por la entidad para ver cuáles le correspondería pagar a la Generalitat en función del contrato de refinanciamiento que se firmó entre la SGR y el IVF para evitar la quiebra de la entidad en 2013. Antes de esa fecha la sociedad había asumido créditos fallidos por 24 millones y a partir de ese momento la cantidad se disparó hasta los 116 millones, en lo que se interpretó como una ejecución masiva por parte de los bancos.

En todo caso, los responsables de IVF consideran que algunos de los avales que se declararon fallidos en este momento se habían concedido sin la debida «racionalidad económica» y tenían por objeto operaciones que nada tenían que ver con los fines de la SGR.