Es muy relevante que España haya recuperado en abril la cifra de los 17 millones de ocupados, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que también dio a conocer una reducción sin precedentes en las listas del paro registrado, si bien queda aún un largo camino por recorrer en el empeño de alcanzar unas tasas aún más razonables.

En todo caso, la buena noticia es que la dinamización general de la economía española ha logrado consolidar una muy buena tendencia en términos de empleo, que ha sido -y sigue siendo- la cara más dramática producida por la larga crisis que aún trata de dejar atrás nuestro país.

Sin restar valor a las reformas impulsadas por el Gobierno, quiero expresar un especial reconocimiento público a los empresarios españoles, porque son ellos los verdaderos protagonistas de esta transición hacia la normalización de la actividad y, en consecuencia, de la creación de empleo que lleva consigo.

El esfuerzo y la dedicación de unos y otros, la colaboración entre la iniciativa pública y la privada, explican en gran medida el clima actual de esperanza y confianza en el futuro.

Comparto, sin embargo, la opinión de quienes consideran que las cifras de creación de empleo podrían ser más positivas aún si se hubiera normalizado el crédito a la empresa; y me refiero específicamente al amplio segmento de la pyme, la micropyme y los autónomos. Hasta que la pequeña empresa no acceda al crédito en condiciones razonables, tanto en costes como en plazos, la recuperación del empleo avanzará con el freno de mano activado.

Es verdad que la financiación a las empresas ha mejorado a lo largo de los últimos 18 meses. Pero no es menos cierto que el flujo del crédito a las empresas de reducido tamaño y a los autónomos mantiene aún su saldo en negativo. Y no tanto, en mi opinión, por la disposición de los bancos como por las garantías y los costes que deben aplicarse debido a las exigencias que contempla la propia normativa.

Impulso a las sociedades de garantía recíproca

Por eso, creo que ésta es una coyuntura muy propicia para impulsar la actividad de las sociedades de garantía recíproca (SGR), en la que se agrupan más de 116.200 pequeñas empresas y autónomos de toda España, con casi 650.000 empleados en conjunto. El principal objetivo de las SGR es analizar la viabilidad del proyecto empresarial y, en su caso, establecer las condiciones más adecuadas para que el beneficiario del crédito pueda lograr los retos que se ha propuesto.

Así se explica, por ejemplo, que la operación media realizada por las SGR en 2014 haya sido de 93.000 euros, con un plazo de amortización de ocho años. En un 75% de las ocasiones, de más de tres años. Y así se explica, en fin, que la morosidad del sector SGR (12%) no haya representado problema alguno ni antes ni después de la gran recesión.

Ni una SGR es un banco, evidentemente; ni es una entidad pública, porque la mayoría de su capital está en manos de los propios empresarios partícipes. Una SGR es, más bien -y vuelvo a plantear aquí una idea expresada más arriba- un ejemplo a considerar de colaboración público-privada, que permite multiplicar por hasta 40 cada euro aportado por las arcas del Estado.