En España más de cuatro millones de personas aparecen registradas en los llamados ficheros de morosos que, en realidad, lo que reflejan es su solvencia patrimonial. Es decir, «solo es pertinente» la inclusión en ellos de aquellas personas «que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas», según establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La principal instancia judicial del país ha aclarado, en una sentencia conocida este jueves, cuáles son los limites de actuación en ese campo. Y el principal es que «no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio».

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