El Congreso aprobó ayer de manera definitiva el Proyecto de Ley de Financiación Empresarial, que se aprobó el 3 de octubre en el Consejo de Ministros. La norma, que ha incorporado cambios significativos durante su tramitación parlamentaria, pretende que si se vuelve a producir una crisis bancaria no termine dañado al sector empresarial. Uno de los aspectos básicos de la Ley es la regulación del crowdfunding. También busca una mejora del funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y obligará, entre otras cuestiones, a que los bancos den una calificación crediticia a las pymes a las que hayan financiado.

Éstas son algunas de las medidas que entrarán en vigor cuando, en los próximos días, la Ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE): l Financiación participativa a través de Internet.

El Gobierno establecerá un régimen jurídico para las plataformas de internet que promueven la financiación mediante préstamos o la emisión de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada. La norma establece que la supervisión, la inspección y las sanciones correrán a cargo de la CNMV y del Banco de España. Se distinguirá entre inversores acreditados e inversores no acreditados. Los primeros son los institucionales, las empresas que superen determinados niveles de activos (un millón de euros), cifra de negocio (dos millones) o recursos propios (300.000 euros) y todas las personas físicas o jurídicas cuya renta supere los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio de más de 100.000 euros y soliciten este tratamiento.

Cesgar-Hemeroteca-02Los inversores acreditados podrán invertir sin límite mientras que los no acreditados –el resto– tendrán barreras anuales a la inversión (tres mil euros por proyecto y diez mil euros en el conjunto de plataformas). Antes de adquirir ningún compromiso de pago tienen que confirmar con una firma manuscrita que han sido advertidos de los riesgos. Los proyectos dirigidos exclusivamente a inversores acreditados podrán captar hasta cinco millones de euros, según los cambios aprobados en el Congreso en enero. En el resto de los proyectos las plataformas de intermediación no podrán captar más de dos millones de euros por cada iniciativa y tendrán que contar con un capital social inicial de 60.000 euros. En la tramitación parlamentaria se ha decidido que esta cantidad tendrá que ser desembolsada “en efectivo”.

l Reforma del MAB.

Con el objetivo de potenciarlo, y después de escándalos como el de Gowex, se flexibiliza el tránsito desde el MAB hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento requiere la cotización en este mercado oficial. Se establece un umbral de capitalización de 500 millones, a partir del cual las sociedades que cotizan en el MAB han de solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado, de modo que quedarán automáticamente vinculados por las normas de gobierno corporativo y otros requisitos de trasparencia.

Más control a los establecimientos financieros.

Otro de los aspectos contemplados en la norma es la regulación de los establecimientos financieros de crédito, a la que se extienden los baremos de control para los bancos.

Emisión de deuda por parte de las empre Se quiere facilitar el acceso de las empresas españolas a los mercados de obligaciones directamente, sin la intermediación de los bancos.

l Titulizaciones.

La Ley de Financiación empresarial también reforma el régimen jurídico de las titulizaciones con el objetivo de simplificarlas y hacerlas más transparentes. El objetivo: dotarlas el futuro de la adecuada calidad y reducir la dependencia de las agencias de calificación.

l “Falsos inversores” para encontrar el fraude. La CNMV tendrá más competencias para controlar el fraude y las irregularidades. Una de las fórmulas que se impulsarán es el conocido “misteryshopping”, un mecanismo en el que el regulador se hará pasar por inversor para comprobar que se cumple con la normativa. La presidenta de la CNMV también ganará “mayores facultades de supervisión, inspección y sanción, ante el incremento de la actividad en los mercados financieros”. Podrá elaborar guías técnicas de aplicación de la normativa y será la autoridad competente en la autorización y revocación de las entidades que operan en el mercado de valores, así como para la aplicación de sanciones.

El Gobierno no sólo potencia en la nueva ley que haya fuentes alternativas a la financiación bancaria, sino que tratará que las pequeñas y las medianas empresas, que dependen en gran medida de las entidades financieras para mantener su negocio, cuenten con el tiempo y con la información suficiente para que, en el caso de que dejen de recibir créditos de un banco, puedan encontrar fórmulas alternativas de financiación y no tengan que echar el cierre. Las entidades de crédito deben avisar con tres meses de antelación a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada reducida en un 35% o más. El objetivo de esta advertencia será facilitar a estas empresas los ajustes necesarios para reorientar sus fuentes de financiación con rapidez.

l Los bancos, forzados a dar un ráting a las pymes. Se dará a las pymes el derecho a obtener de la entidad información sobre su posición financiera, un historial de pagos, extractos, calificación crediticia… Recibirán una calificación crediticia, de conformidad con la metodología específica para pymes que desarrollará el Banco de España (una circular que se denominará ). Esta solicitud deberá ser atendida en el plazo de diez días hábiles y de forma gratuita en el caso de que la empresa afectada sufra el cierre del grifo del crédito por parte de una entidad. Además, podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de quince días y a un coste reducido. El precio en este caso lo fijarán las propias entidades financieras aunque el Gobierno no descarta que sea el Banco de España el que establezca un límite máximo.

l Régimen de la Sociedad La nueva norma establece un régimen “eficaz, rápido y ágil” para todo lo que tenga que ver con las Sociedades de Garantía Recíproca, entidades financieras cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso al crédito de las pymes y mejorar sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, administraciones públicas y clientes, y proveedores. Por ello, la nueva Ley de Financiación Empresarial recoge la posibilidad de que el reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) se active ante el primer incumplimiento. También se buscará fortalecer el buen gobierno corporativo de las sociedades de garantía recíproca.

ECONOMÍA / POLÍTICA Guindos limita la financiación participativa a través de internet a cinco millones por proyecto y los bancos estarán obligados a dar un ráting a las pymes que financien.

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Expansión

EL CONGRESO APRUEBA LA LEY QUE REGULA POR PRIMERA VEZ EL ‘CROWDFUNDING’/

El capital mínimo en el ‘crowdfunding’, de 60.000 euros, hay que desembolsarlo “en efectivo” Los bancos tendrán que dar un preaviso de al menos 3 meses a las pymes a las que retiren créditos La CNMV tendrá más poderes para supervisar el funcionamiento del MAB en el futuro.

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